
La Orden TED/1444/2025, de 11 de diciembre, introduce una modificación conjunta de las bases reguladoras de múltiples programas de ayudas gestionados por el IDAE y financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el mecanismo NextGenerationEU.
Se trata de una orden de carácter «ómnibus» que afecta a más de una docena de líneas de ayuda vinculadas a energías renovables, almacenamiento, redes térmicas, comunidades energéticas e innovación, entre otras.
La orden introduce una serie de ajustes homogéneos en las bases reguladoras de los distintos programas, con especial impacto en los plazos de ejecución de los proyectos y en la armonización de criterios administrativos. Los principales cambios son los siguientes:
La modificación responde a varios factores normativos y estratégicos:
La orden modifica las bases reguladoras de, entre otros, los siguientes programas de ayudas, estableciendo los plazos máximos de ejecución que se indican a continuación:
| Orden ministerial | Programa | Plazo máximo de ejecución |
|---|---|---|
| TED/706/2022 | Proyectos singulares de instalaciones de biogás. | Hasta el 31/12/2028. |
| TED/707/2022 | Redes de calor y frío con energías renovables. | Hasta el 31/12/2029. |
| TED/1021/2022 | Oficinas de Transformación Comunitaria (CE Oficinas). | Hasta el 31/12/2028. |
| TED/1071/2022 | Repotenciación eólica, renovación hidroeléctrica ≤10 MW y reciclaje de palas. | Hasta el 31/12/2030. |
| TED/1177/2022 | Almacenamiento energético hibridado con renovables. | Hasta el 31/12/2028. |
| TED/1204/2022 | Energías renovables marinas. | Hasta el 31/12/2030. |
| TED/1447/2021 | I+D en almacenamiento energético. | Hasta el 31/12/2028. |
| TED/1359/2022 | Nuevos modelos de negocio en la transición energética. | Hasta el 31/12/2028. |
| TED/448/2023 | Instalaciones renovables en islas. | Hasta el 31/12/2028. |
| TED/467/2023 | Estudios de viabilidad de geotermia profunda. | Hasta el 31/12/2030. |
| TED/641/2023 | Producción de electricidad y calor renovable en sustitución de fósiles. | Hasta el 31/12/2029. |
| TED/807/2023 | Proyectos innovadores de almacenamiento energético. | Almacenamiento general: hasta el 31/12/2028. Almacenamiento por bombeo reversible: hasta el 31/12/2035. |
| TED/764/2024 | Programa CE Implementa (comunidades energéticas piloto). | Hasta el 31/12/2028. |
| TED/765/2024 | Renovables innovadoras y almacenamiento térmico. | Hasta el 31/12/2030. |

La Comisión Europea ha adoptado el programa de trabajo de Horizonte Europa 2026-2027, que contará con 14.000 millones de euros.
Con el objetivo de impulsar la investigación y la innovación en todos los ámbitos de la Unión Europea, el programa ha introducido nuevas convocatorias y temas interdisciplinares, como el impulso a la descarbonización y a la IA.
Una de las novedades del programa son las convocatorias horizontales, que abordarán retos transversales en distintos ámbitos de investigación e innovación:
Otro de los objetivos de este nuevo programa Horizonte Europa 2026-2027, en respuesta a los proyectos Draghi y Letta, ha sido la simplificación de la carga administrativa de los solicitantes, facilitando así su participación.
Entre los distintos programas que se incluyen dentro del marco Horizonte Europa 2026-2027 se encuentran, entre otras:

Financia la investigación e innovación para mejorar la salud y el bienestar de las personas en los sistemas sanitarios, reforzando al mismo tiempo la sostenibilidad, resiliencia y eficiencia de estos.
Dentro de este clúster encajan proyectos que abarcan desde la prevención, al diagnostico o el tratamiento de enfermedades, así como el desarrollo de nuevas terapias, tecnologías o soluciones digitales.
Está más orientado a hospitales, centros de investigación y empresas biotech, farma, healthtech o proveedores de soluciones sanitarias.
Financia proyectos de investigación e innovación centrados en la cohesión social, la creatividad culturas y la inclusión. Apoyando investigaciones sobre identidad europea, valores, participación ciudadana, educación, igualdad, migraciones u otras iniciativas que impulsen los sectores culturales y creativos como motores de innovación, empleo y desarrollo social.
Sobre todo, centrado para universidades, think tanks, entidades públicas, ONGs industrias culturales.
Centrándose en la mejora de la seguridad y la resiliencia de la sociedad europea frente a amenazas complejas y cambiantes, tanto a nivel natural como humano.
Desde este clúster se financian soluciones para la prevención y respuesta ante el crimen organizado, terrorismo ciberseguridad o desastres naturales.
Dirigido en su mayoría a empresas tecnológicas, centros de I+D, cuerpos de seguridad, protección civil o administraciones públicas.
Impulsa la soberanía tecnológica europea, la transformación digital y la competitividad industrial, mediante el apoyo a tecnologías clave para el crecimiento económico y la autonomía estratégica.
Para ello, financia proyectos de IA, Big Data, robótica, microelectrónica, industria 4.0 o materiales innovadores, entre otros, siendo clave para empresas industriales, tecnológicas, Deep tech, sector aeroespacial o grandes consorcios público-privados.
Siendo uno de los pilares del European Green Deal, financia proyectos que aceleran la transición climática, energética y de transporte hacia un futuro más sostenible y neutro.
Financia el desarrollo de energías renovables, eficiencia energética, hidrógeno, almacenamiento, redes inteligentes, movilidad sostenible o proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.
Por todo ello, es especialmente relevante para la energía, la movilidad, la industria, infraestructuras, ingeniería o tecnologías limpias.
Financia la transición hacia una bioeconomía sostenible y circular, garantizado la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos.
Destinado sobre todo para la industria agroalimentaria, biotech, la química verde o el sector primario tecnificado, apoya a proyectos en agricultura y ganadería sostenible, biotecnología, gestión del agua o la economía circular.
Este instrumento para impulsar innovaciones disruptivas de alto riesgo e impacto financia proyectos más allá de la I+D+i tradicional a través de EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelator o EIC Fund.
Tiene por objetivo construir ecosistema de innovación sólidos, conectando educación, investigación y empresa.
A diferencia de los anteriores, no financia proyectos aislados, sino que impulsa comunidades estables de innovación, organizadas a través de grandes retos estratégicos (clima, energía, digital, salud, alimentación, movilidad, etc.).

Mejorar la forma en que se prestan los servicios, para una modernización administrativa, hacerlos más accesibles y adaptarlos a las nuevas tecnologías, responde a las necesidades de ciudadanos y empresas.
Para materializar este proceso, la Unión Europea ha puesto en marcha diferentes líneas de financiación que ayudan a impulsar cambios y proyectos en este ámbito. Estas iniciativas ofrecen recursos para digitalizar servicios, optimizar procesos y avanzar hacia un sector público más eficiente y cercano, asegurando que ninguna oportunidad de financiación quede sin aprovechar.
La transformación de la gestión pública promovida con recursos de la UE abarca varias líneas de actuación:
Un sector público eficiente y digital permite agilizar trámites para empresas y ciudadanos, reducir costes administrativos, mejorar la calidad de los servicios y reforzar la confianza de los ciudadanos. Esto resulta relevante en la gestión de mecanismos de inversión de la UE, donde la planificación, supervisión y coordinación son esenciales para maximizar el impacto de las inversiones.
Contar con un aliado estratégico, como FI Group, que garantice este proceso es la clave para que la inversión se traduzca en verdadera resiliencia.
Entre los instrumentos financieros de la UE más relevantes para la modernización administrativa se destacan:
Para ejemplificar el impacto de la financiación comunitaria en el ámbito nacional, nos centramos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Desde su inicio, en España ha mantenido un ritmo sostenido de convocatorias de ayudas y licitaciones. Solo en 2023 se registraron licitaciones por valor medio de 2.000 millones de euros al mes.
Según datos oficiales, ya se han resuelto miles de convocatorias relacionadas con innovación digital, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

En el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), los Ayuntamientos tienen facultad para aplicar un “coeficiente de situación” a la cuota tributaria. El mismo se determina según la ubicación donde se desarrolla la actividad.
Dicho coeficiente se basa en la clasificación fiscal de calles, que agrupa las vías del municipio en diferentes categorías (por ejemplo, primera, segunda o tercera) en función de criterios como las infraestructuras, accesibilidad, servicios o el potencial económico de cada zona.
Así, la cuota del IAE puede variar significativamente entre dos negocios con la misma actividad, dependiendo de si están situados en una calle de categoría alta o baja.
En el ámbito del IAE, uno de los elementos que más impacto tiene en la cuota final a pagar es el coeficiente de situación. Este coeficiente permite a los Ayuntamientos ajustar el impuesto en función de la ubicación del local donde se desarrolla la actividad, reflejando así las ventajas o desventajas económicas de cada zona del municipio.
Por ello, es conveniente asegurarse de que la categoría fiscal que me han asignado y el coeficiente de situación que me están aplicando sean justos y correctos, pues ello puede tener un gran impacto e influencia en la cuota a pagar.
Debemos tener en cuenta que los Ayuntamientos están facultados para establecer la clasificación fiscal de calles que consideren, siempre y cuando dicha clasificación esté debidamente motivada y se base en parámetros objetivos: comunicaciones, orografía, infraestructuras, servicios públicos, etc. No existe un “númerus clausus” de criterios, y la Administración puede optar por aquellos que considere más adecuados a la realidad del municipio, siempre que no incurran en arbitrariedad ni discriminación.
Para ello, los Ayuntamientos deben apoyarse en informes técnicos que justifiquen por qué una calle pertenece a una categoría u otra. Estos informes deben ser objetivos, transparentes y estar basados en datos reales del municipio.
Una clasificación fiscal bien fundamentada y unos coeficientes de situación justos garantizan la seguridad jurídica y la equidad tributaria. Además, permiten a los contribuyentes conocer y, en su caso, impugnar la motivación de la carga fiscal que soportan, especialmente si consideran que la clasificación no se ajusta a la realidad de su actividad o ubicación.
Para ello, es esencial contar con un asesoramiento técnico y jurídico que permita verificar que la tributación en el IAE es la correcta. Desde el Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria de FI Group contamos con un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia en este impuesto que puede asesorarte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria

En julio de 2025, la Comisión Europea presentó su propuesta para el Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034. El presupuesto propuesto asciende a 1,98 billones de euros, ligeramente superior al anterior MFP de 2021-2027 (1,88 billones de euros), que incluía Next Generation EU, pero conceptualmente muy diferente.
El nuevo MFP se caracteriza por un cambio de enfoque, de la respuesta a la crisis a una estrategia de inversión proactiva, que garantiza que al menos el 35% del presupuesto de la UE se destine a proyectos centrados en iniciativas climáticas y medioambientales. Además, el nuevo MFP proporciona más financiación a la competitividad y la investigación en comparación con el anterior, especialmente a proyectos en los ámbitos de I+D, defensa, digitalización, transición verde y salud.
El nuevo MFP simplifica la estructura presupuestaria, pasando de 7 rúbricas o categorías de gasto a 4:

El número de programas de financiación de la UE se reduce de 52 a 16, lo que resultará más sencillo para los beneficiarios, más ágil y más orientado a resultados. Las áreas clave incluyen I+D, defensa, digitalización, transición verde y salud, con un mayor énfasis en la competitividad y la investigación, y al menos el 35% del presupuesto de la UE se destinará a proyectos relacionados con el clima y el medio ambiente.
Los principales programas se dividirán de la siguiente manera:
El 15% restante se destina a programas más pequeños, como el Mecanismo “Conectar Europa” (MCE), la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Protección Civil y Salud, el Programa del Mercado Único y Aduanas, Investigación y Formación EURATOM, Justicia, Cooperación en materia de Seguridad Nuclear y Desmantelamiento, Asociación de Países y Territorios de Ultramar (incluido Groenlandia) y Pericles.

La primera categoría de gasto del nuevo MFP está dedicada al Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca y Asuntos Marítimos, Prosperidad y Seguridad, que sirve de marco principal para estas cuestiones, y se divide a su vez en fondos sectoriales para:
Estos fondos se cubren luego en diferentes programas de financiación y algunos procederán del Mecanismo de la UE para apoyar proyectos transnacionales, la respuesta a crisis y nuevos desafíos. De esta forma, la financiación directa de la UE aportará un mayor valor añadido y ofrecerá más flexibilidad para responder a nuevos retos y necesidades.
Otros programas se implementarán a través de Planes de Colaboración Nacionales y Regionales, que se han reducido de más de 500 instrumentos anteriores a 27 planes basados en resultados, siguiendo la línea marcada por los Planes de Recuperación y Resiliencia de NextGenerationEU durante el periodo anterior.
Cada uno de los 27 Estados miembros contará con un Plan de Colaboración personalizado, que permitirá adaptaciones nacionales, sectoriales y territoriales. Los planes deberán destinar al menos el 43% de su presupuesto a objetivos climáticos y medioambientales, y el 14% a objetivos sociales. El enfoque será más flexible y menos prescriptivo en cuanto a los medios para alcanzar los objetivos, pero más exigente en cuanto a los resultados.
Los planes deben apoyar medidas en forma de reformas, inversiones y otras intervenciones que se refuercen mutuamente. Además, facilitarán la gobernanza multinivel y la colaboración entre regiones y sectores. Otras ventajas son la simplificación, la agilización de los pagos y la reducción de las cargas.
La fórmula de asignación de los Planes Nacionales de Colaboración incluye parámetros básicos de cohesión, como la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros, el Producto Interior Bruto (PIB) regional y las redes de seguridad. Además, se asignarán bonificaciones a las regiones más pobres, a las fronterizas con Rusia y Bielorrusia, y a la convergencia agrícola y exterior.
Según los cálculos actuales, los Planes Nacionales y Regionales de Colaboración españoles tendrán una asignación de 88.100 millones de euros, con 79.900 millones de euros de asignaciones generales, 3.000 millones de euros destinados a migración, seguridad y asuntos de interior, y 5.300 millones de euros al Fondo Social para el Clima.

Los Planes Nacionales y Regionales de Colaboración (PNRC) presentados por la Comisión Europea han generado una considerable controversia en el Parlamento Europeo, ya que se consideran un riesgo potencial de “renacionalización” del presupuesto de la UE. Los cuatro grupos proeuropeos del Parlamento han advertido que rechazarán el proyecto de reglamento de la Comisión sobre los PNRA a menos que se introduzcan cambios significativos en la propuesta.
Con una asignación de 589.000 millones de euros, la segunda categoría de gasto del nuevo MFP se dedica a la competitividad, la prosperidad y la innovación, con especial atención a la seguridad y las industrias estratégicas.
De esta cantidad, 451.000 millones de euros se destinarán al nuevo Fondo Europeo de Competitividad (FEC), que se centra en ampliar las tecnologías estratégicas y llevar las innovaciones al mercado, incluyendo tecnologías limpias y renovables, los semiconductores avanzados y la IA, la biotecnología y la tecnología sanitaria, la innovación en materia de defensa y doble uso, la descarbonización industrial y las infraestructuras digitales.
La financiación se asignará de la siguiente manera:
Los tipos de financiación incluyen subvenciones, préstamos, capital, deuda, contratación pública, asesoramiento empresarial y un conjunto de herramientas financieras para movilizar capital privado, incluidos instrumentos de inversión y contratos públicos. Otros instrumentos son InvestEU, los IPCEI y el Fondo de Innovación, para aprovechar las inversiones tanto privadas como públicas.

Se mantiene el programa emblemático de la UE para la investigación e innovación, con un presupuesto casi duplicado de 175.000 millones de euros, que apoya un sistema integral desde la investigación básica hasta la implantación industrial, a través de 4 pilares estratégicos.
Con 44.000 millones de euros, el Pilar I se dedicará a la Ciencia de Excelencia, a través del Consejo Europeo de Investigación (CEI), las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) y la Ciencia para las Políticas de la UE.
El Pilar II dedicado a la Competitividad y la Sociedad, contará con una dotación de 76.000 millones de euros, que abarcará:
Además, se destinarán 39.000 millones de euros al Pilar III, centrado en la Innovación, a través del Consejo Europeo de Innovación (CEI), los ecosistemas de innovación y el triángulo del conocimiento.
Por último, el Pilar IV para el Espacio Europeo de Investigación (EEI) contará con 16.000 millones de euros, dedicados a las políticas del EEI, las infraestructuras de investigación y tecnología, y a ampliar la participación y difundir la excelencia.
La propuesta será negociada por los Estados miembros en el Consejo Europeo, donde se requiere unanimidad, con el consentimiento del Parlamento Europeo y, cuando proceda, la ratificación de los parlamentos nacionales. El objetivo es su adopción en 2027 para su aplicación desde 2028 hasta 2034.
El equipo de ayudas europeas de FI Group cuenta con expertos que pueden ofrecerte orientación sobre los programas de financiación de la UE, así como prestar apoyo en la redacción de propuestas, la gestión de proyectos y la comunicación y diseminación. ¡Contáctanos para ayudarte!

En los últimos meses del año son muchos los clientes que nos preguntan cuánto van a pagar de tributos locales el año que viene. A modo de ejemplo, serían el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Tasa de Vados o Tasa de Residuos, entre otros.
En este sentido, debemos tener en cuenta que, aunque existe una regulación estatal de los tributos locales, lo cierto es que son los Ayuntamientos los que aprueban su regulación concreta mediante sus Ordenanzas Fiscales. En este sentido, debemos diferenciar la regulación de los impuestos locales de la de las tasas locales.
Lo cierto es que los Ayuntamientos ostentan menos capacidad regulatoria respecto de los impuestos locales. En concreto, en relación con los mismos, entre otros aspectos, los Ayuntamientos pueden establecer tipos de gravamen, exenciones y bonificaciones.
Sin embargo, la instauración y la regulación de las tasas locales se realiza por los Ayuntamientos en su totalidad, en virtud del principio de autonomía local. No obstante, como es lógico, la instauración de estos tributos debe realizarse siguiendo el procedimiento establecido y contando con las memorias técnico-económicas necesarias.
La aprobación de las ordenanzas fiscales o la modificación de las mismas debe llevarse a cabo siguiendo un procedimiento específico, respetando las previsiones legales y contando con los informes justificativos correspondientes. Inicialmente, las ordenanzas se aprueban provisionalmente, por lo que, a partir de la publicación de esa aprobación, los interesados pueden consultar el expediente y presentar, en su caso, las alegaciones que consideren.
Posteriormente, el Ayuntamiento debe proceder a la resolución de las alegaciones presentadas y a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales.
Además, hay que tener en cuenta que, como regla general, las ordenanzas fiscales pueden modificarse en cualquier momento del año. Sin embargo, debemos destacar que los impuestos locales obligatorios (como el IBI y el IAE) tienen un período impositivo anual y, por lo tanto, su pago es recurrente. En estos casos, las ordenanzas fiscales deben estar aprobadas definitivamente antes del 1 de enero para que puedan ser de aplicación. Asimismo, hay que tener en cuenta que, una vez publicado su texto definitivo, durante los dos meses siguientes, puede recurrirse esa aprobación.
Por lo tanto, es muy importante estar atento a las modificaciones de las ordenanzas fiscales y analizar si el procedimiento de aprobación seguido y las modificaciones realizadas, en cada caso, se ajustan a la ley.
Para cualquier duda sobre la aprobación de las ordenanzas fiscales, no dudes en contactar con nosotros. Contamos con un equipo técnico y jurídico-fiscal especializado en tributación local y autonómica, por lo que les podemos asesorar en profundidad al respecto.
Abogada

Los incentivos fiscales para el hidrógeno verde se integran como parte del camino hacia la transición energética.
Para facilitar su implementación, existen mecanismos fiscales diseñados para aliviar la carga financiera en fases estratégicas: investigación, industrialización, inversiones en planta y operaciones. Estos incentivos hacen que los proyectos sean más viables y atractivos para empresas que apuestan por la descarbonización.
El avance del hidrógeno verde se está viendo acompañado por un entorno de apoyo cada vez más amplio. Más allá de los incentivos fiscales, distintas iniciativas públicas están orientadas a facilitar que las empresas aceleren la adopción de tecnologías basadas en hidrógeno renovable.
Este contexto permite integrar, dentro de una misma planificación, elementos como financiación pública, deducciones o mecanismos europeos, configurando estructuras financieras más estables y adaptadas al ciclo de inversión de cada proyecto.
Para los equipos financieros, analizar conjuntamente estas herramientas resulta clave para estimar el retorno y definir estrategias de implantación con mayor certidumbre.
El principal incentivo fiscal para el desarrollo de hidrógeno verde en España son las deducciones fiscales por I+D+i, premiando los esfuerzos técnicos y económicos, en el pago de la cuota del impuesto de sociedades.
En este caso, en concreto, según Juan Miguel Rodríguez, nuestro Energy Specialist:
“La subasta europea de hidrógeno se convierte en una fuente muy relevante de financiación para proyectos ambiciosos de hidrógeno verde, porque no solo premia la capacidad técnica, sino también la madurez y la escalabilidad del proyecto”.
Este tipo de incentivos, combinados con mecanismos europeos de financiación, aumenta la viabilidad económica de proyectos a gran escala. Asimismo, también es compatible con bonificaciones fiscales.
Los equipos detrás de los proyectos de hidrógeno verde suelen estar compuestos por perfiles técnicos y científicos especializados.
Las bonificaciones en la Seguridad Social para personal dedicado a I+D permiten reducir el coste salarial, reforzando capacidades internas y consolidando talento crítico para el desarrollo tecnológico.
Además, estas bonificaciones pueden combinarse con otros incentivos fiscales y, en este sentido, es fundamental planificar bien la asignación de personal y documentar adecuadamente las actividades de I+D, una cuestión que tratamos desde FI Group para marcar la diferencia. Ayudamos a identificar qué puestos y tareas califican y estructuran los proyectos para aprovechar al máximo las bonificaciones disponibles.
Para maximizar los incentivos, se deben integrar todos los mecanismos fiscales disponibles en una estrategia global: asignar correctamente los costes entre investigación, validación, inversión en planta y operación, y anticipar cómo aplicar deducciones y bonificaciones.
Esta planificación coordinada permite combinar los incentivos fiscales con subvenciones o ayudas europeas, aumentando la viabilidad de los proyectos de hidrógeno verde.

La digitalización continúa impulsando la competitividad del sector digital y media, donde el personal investigador se ha convertido en un motor de crecimiento.
Cada vez más empresas desarrollan proyectos centrados en la automatización, la inteligencia artificial o la creación de nuevos entornos digitales, pero los costes de personal investigador pueden convertirse en una barrera para avanzar al ritmo que exige el mercado. Sin embargo, existen mecanismos que permiten aliviar esta carga y potenciar la inversión en innovación tecnológica.
Los proyectos de digitalización no solo persiguen incorporar nuevas tecnologías, sino también generar conocimiento y soluciones propias. La investigación aplicada en ámbitos como el big data, la analítica avanzada o la experiencia de usuario requiere de equipos altamente cualificados, capaces de integrar el desarrollo técnico con la estrategia de negocio.
No obstante, sostener estos recursos implica una inversión significativa en capital humano, lo que obliga a buscar fórmulas que garanticen la viabilidad económica de los proyectos sin frenar la creatividad ni el desarrollo tecnológico.
Reducir los costes de personal investigador no significa renunciar al talento, sino optimizar la manera en que las empresas financian sus proyectos de digitalización.
En España existen instrumentos fiscales que permiten compensar una parte de la inversión realizada en actividades de I+D+i, ya sea mediante incentivos o beneficios en la cotización del personal dedicado a investigación.
Aplicar correctamente estas medidas requiere una planificación técnica y fiscal precisa. La identificación de los perfiles que pueden acogerse a estas ventajas, la justificación de sus funciones y la documentación de las actividades desarrolladas son pasos esenciales para garantizar un aprovechamiento óptimo.
Incorporar soluciones digitales avanzadas, optimizar recursos y aplicar incentivos fiscales son acciones que contribuyen a acelerar la transición hacia modelos más sostenibles y rentables. Además, la correcta gestión de ayudas y deducciones por I+D+i garantiza que las empresas puedan reinvertir en proyectos estratégicos, consolidando su liderazgo en un mercado cada vez más exigente.
En este caso, desde FI Group colaboramos con las empresas en este proceso, analizando la sus proyectos y ayudando a implementar las soluciones adecuadas para reducir su carga de personal investigador, dentro del marco legal y con el máximo rigor técnico.
El personal investigador es un recurso estratégico en la digitalización. Más allá del ahorro económico, los incentivos a la I+D+i permiten reinvertir esos recursos en nuevas líneas de desarrollo, incorporar tecnologías emergentes o ampliar el equipo con perfiles aún más especializados.
Las compañías del sector digital y media que gestionan de forma eficiente estos beneficios logran consolidar una estructura de innovación sostenible y escalable. Así, los proyectos dejan de depender únicamente del presupuesto disponible y se transforman en iniciativas continuas, capaces de generar valor a largo plazo.
En este sentido, FI Group impulsa una visión integral de la gestión de incentivos, combinando el conocimiento técnico del entorno digital con la experiencia en fiscalidad y ayudas a la innovación, para que las empresas puedan focalizarse en lo que realmente importa: innovar.
Apostar por la digitalización implica un compromiso constante con la investigación y la mejora tecnológica. Optimizar los costes del personal investigador a través de los instrumentos disponibles no solo mejora la rentabilidad de cada proyecto, sino que refuerza la posición del sector digital y media en el ecosistema innovador europeo.
Desde FI Group aseguramos, junto a las empresas, que cada iniciativa de digitalización se traduzca en crecimiento, competitividad y futuro. Por lo tanto, la transformación digital y la innovación sostenible son prioridades, y contar con un socio experto en la identificación y gestión de estas oportunidades se convierte en una ventaja competitiva. Acompañamos a las organizaciones en cada etapa, asegurando que la digitalización no sea solo una tendencia, sino una palanca real para generar valor, reducir costes y fortalecer su posicionamiento en el ecosistema europeo.