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La entrada en vigor de nuevos marcos regulatorios vinculados a la sostenibilidad, como las obligaciones de reporte en materia ESG o la fiscalidad asociada a las emisiones, está teniendo un impacto directo en la planificación económica de las empresas. En la práctica, estas exigencias suelen abordarse como un incremento de costes o una carga adicional de cumplimiento, con efectos inmediatos sobre la cuenta de resultados. 

Sin embargo, el marco normativo actual permite un enfoque distinto. La correcta interpretación de la regulación y su conexión con determinados instrumentos fiscales y técnicos abre la puerta a transformar la adaptación normativa en una inversión económicamente recuperable, permitiendo avanzar en sostenibilidad sin que ello suponga una penalización financiera para la empresa. 

 

La Innovación Tecnológica (IT) como palanca fiscal para la sostenibilidad 

La incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos productivos suele implicar modificaciones técnicas relevantes, ya sea a través de la optimización de procesos, la reducción de residuos o la introducción de nuevos materiales con menor impacto ambiental. Sin embargo, estas actuaciones no siempre se analizan desde una perspectiva fiscal, pese a que muchas de ellas encajan jurídicamente dentro del concepto de Innovación Tecnológica (IT). 

Cuando estos proyectos se califican adecuadamente como IT en el marco del Impuesto sobre Sociedades, los gastos asociados pueden dar lugar a deducciones fiscales del 12 %, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

No se trata de aplicar incentivos genéricos vinculados a la sostenibilidad, sino de interpretar y aplicar con rigor la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) a proyectos con una base técnica sólida. La correcta caracterización de estas iniciativas, apoyada en criterios técnicos y documentales adecuados, es lo que permite que la innovación orientada a la mejora ambiental tenga también un retorno fiscal tangible. 

 

El sistema CAEs y la monetización de la eficiencia energética 

El sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) se ha consolidado como un mecanismo que permite trasladar los ahorros energéticos obtenidos en un proyecto a un retorno económico directo. A través de este marco, las actuaciones de eficiencia energética que acreditan reducciones de consumo verificables pueden generar certificados susceptibles de ser transmitidos en el mercado. 

Mediante los CAEs, las empresas pueden monetizar los ahorros energéticos certificados, transfiriéndolos a las comercializadoras de energía en su condición de Sujetos Obligados. Este mecanismo permite convertir mejoras técnicas en un ingreso asociado al desempeño energético, complementando otras vías de retorno vinculadas a la fiscalidad o a la reducción de costes operativos. 

La aplicación efectiva del sistema CAE exige, no obstante, una correcta definición técnica de las actuaciones, la verificación de los ahorros conforme a los criterios establecidos y una adecuada gestión del proceso de certificación y transmisión. Cuando estos elementos se integran desde la fase de diseño del proyecto, la eficiencia energética deja de ser únicamente un elemento de cumplimiento o ahorro interno y pasa a formar parte de la estructura económica global de la inversión. 

 

Fiscalidad local: la optimización de activos inmobiliarios 

Más allá de la tributación estatal, la fiscalidad municipal puede tener un impacto relevante en la rentabilidad de los activos inmobiliarios empresariales. Determinadas inversiones orientadas a la sostenibilidad, como la instalación de sistemas de generación de energía renovable, soluciones de eficiencia energética o infraestructuras de recarga para movilidad eléctrica, pueden dar acceso a bonificaciones fiscales previstas en la normativa local. 

En función de lo establecido en las ordenanzas fiscales de cada municipio, estas actuaciones pueden dar lugar a reducciones significativas en tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con porcentajes que, en determinados casos, pueden alcanzar hasta el 50 % en el IBI o hasta el 95 % en el ICIO. La aplicación de estas bonificaciones no es automática y está sujeta a requisitos técnicos y administrativos específicos definidos a nivel municipal. 

La identificación de estas oportunidades exige un análisis individualizado de las ordenanzas fiscales de los municipios donde la empresa dispone de activos, así como una correcta planificación administrativa de las actuaciones. Aunque este proceso puede resultar complejo desde el punto de vista de gestión, su impacto se traduce en ahorros fiscales recurrentes y directamente vinculados a la inversión realizada, reforzando la viabilidad económica de las iniciativas de sostenibilidad. 

 

El papel de la validación técnica en el retorno de las inversiones sostenibles 

La combinación de deducciones por Innovación Tecnológica, bonificaciones fiscales locales y Certificados de Ahorro Energético (CAE) configura un marco en el que las inversiones orientadas a la sostenibilidad pueden generar retornos económicos relevantes. No obstante, la activación de estas vías no es automática ni puramente contable, sino que depende de una validación técnica rigurosa que permita acreditar ante la Administración el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. 

En este sentido, la documentación técnica del proyecto, la correcta caracterización de las actuaciones y la coherencia entre la solución de ingeniería y su tratamiento fiscal son elementos determinantes. La falta de alineación entre estos ámbitos puede limitar o incluso impedir el acceso a los incentivos previstos, con independencia de la inversión realizada o del impacto ambiental alcanzado. 

La integración efectiva de la dimensión técnica y fiscal desde las fases iniciales del proyecto permite que las inversiones en sostenibilidad se aborden con una visión económica completa, en la que el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y el retorno fiscal forman parte de una estrategia única y coherente. 

La ejecución de proyectos de infraestructuras constituye uno de los pilares estratégicos para el desarrollo económico y social de España. Carreteras, ferrocarriles, puertos, redes de energía y telecomunicaciones no solo facilitan la movilidad y la conectividad; sino que también generan oportunidades de inversión, empleo y sostenibilidad. Sin embargo, financiar este tipo de proyectos suele implicar retos significativos, especialmente cuando se busca aprovechar los recursos públicos disponibles a nivel nacional o europeo.

 

Un entorno complejo pero lleno de oportunidades

La financiación pública para infraestructuras se articula a través de distintos instrumentos. Por un lado, los fondos estructurales europeos de gestión regional, como el FEDER, siguen siendo una vía clave para el desarrollo de infraestructuras con impacto territorial. Por otro lado, existen programas europeos de gestión directa, como el CEF (Transport, Energy y Digital), InvestEU, Innovation Fund, así como mecanismos de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y convocatorias nacionales gestionadas por ministerios y agencias sectoriales.

Esta diversidad ofrece un amplio abanico de oportunidades, pero también exige a las empresas una planificación estratégica detallada y un conocimiento profundo de los requisitos de cada convocatoria, especialmente en un contexto donde el cierre progresivo este 2026 del ciclo NextGenerationEU, refuerza el papel de los instrumentos estructurales y financieros de largo plazo. 

En este escenario, los principales desafíos son: 

• Complejidad administrativa: los proyectos de infraestructuras implican numerosos actores, desde contratistas hasta administraciones públicas, lo que requiere coordinar documentación técnica, financiera y legal de forma exhaustiva. 

• Requisitos técnicos y de elegibilidad estrictos: muchos programas de financiación exigen estudios de viabilidad, análisis de impacto ambiental, planes de sostenibilidad y certificaciones de calidad. Para orientar a las empresas en este ámbito, desde FI Group by EPSA hemos creado la guía del marco regulatorio de sostenibilidad: implicaciones y oportunidades para las empresas, que proporciona una visión clara de las 21 normativas más relevantes en materia de sostenibilidad tanto a nivel europeo como nacional, junto con los servicios y soluciones que desde  FI Group by EPSA  facilitan su adaptación y cumplimiento. 

• Competencia y consorcios: especialmente en programas europeos, la participación en consorcios puede ser necesaria, lo que implica negociar roles, aportaciones financieras y reparto de riesgos. 

• Horizonte temporal largo: la ejecución de infraestructuras suele extenderse varios años, por lo que garantizar la continuidad de la financiación y la viabilidad financiera es un reto constante. 

 

Fondos europeos y nacionales: ¿cómo encajan en los proyectos de infraestructuras?

FEDER y programas europeos de gestión directa

Los fondos estructurales como el FEDER, de origen europeo pero gestionados a nivel regional, continúan siendo una de las principales fuentes de financiación para infraestructuras físicas con impacto territorial, especialmente aquellas orientadas a reforzar la cohesión regional y el desarrollo económico. Por su parte, programas europeos de gestión directa como el Connecting Europe Facility (CEF) se centran en infraestructuras estratégicas a escala europea, con líneas específicas en transporte, energía y conectividad digital a través de CEF Transport, CEF Energy y CEF Digital.

De manera complementaria, instrumentos como el Innovation Fund impulsan iniciativas vinculadas a tecnologías limpias y sostenibles, incluyendo infraestructuras asociadas a la descarbonización industrial y energética. A ello se suman InvestEU y los mecanismos de financiación del BEI, que facilitan el acceso a financiación para proyectos de gran escala con alto impacto estratégico.

Para maximizar el acceso a estos fondos, resulta clave alinear los objetivos técnicos y económicos del proyecto con las prioridades europeas en materia de cohesión territorial, sostenibilidad, transición digital e innovación.

Convocatorias nacionales sectoriales

A nivel estatal, además de los fondos europeos, existen convocatorias nacionales específicas orientadas al desarrollo y modernización de infraestructuras. Entre las más relevantes destacan los programas de movilidad sostenible y transporte impulsados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las ayudas para infraestructuras energéticas, redes inteligentes y eficiencia energética gestionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como convocatorias vinculadas a descarbonización, electrificación y resiliencia de infraestructuras canalizadas a través de organismos como el IDAE.

Este tipo de convocatorias permite financiar actuaciones muy concretas, normalmente alineadas con las prioridades nacionales, por lo que resulta clave identificar aquellas que encajan mejor con la naturaleza técnica del proyecto y preparar propuestas sólidas desde el punto de vista técnico, económico y de impacto.

 

Claves para maximizar el éxito en la financiación de infraestructuras

Maximizar la financiación pública en proyectos de infraestructuras requiere un enfoque integrado, que combine planificación estratégica, solidez técnica y conocimiento del marco regulatorio: 

1. Planificación a largo plazo: definir claramente el alcance del proyecto, los hitos de ejecución y las necesidades de financiación permite estructurar las solicitudes de manera coherente y competitiva. 
2. Preparación técnica y documental: contar con estudios de viabilidad, memorias técnicas, análisis de impacto ambiental y certificaciones pertinentes aumenta la elegibilidad y reduce los riesgos. 
3. Participación en consorcios estratégicos: asociarse con empresas y organismos con experiencia complementaria fortalece la propuesta, especialmente en programas europeos o iniciativas estratégicas como los IPCEI sectoriales. Descarga nuestro Informe IPCEI: conectando Europa. 
4. Optimización financiera: combinar diferentes fuentes de financiación como fondos europeos, ayudas nacionales, deducciones fiscales y mecanismos de cofinanciación público-privada, permite reducir el coste neto del proyecto y garantizar la liquidez necesaria durante toda la ejecución. 
5. Seguridad jurídica y cumplimiento: la correcta acreditación de gastos, hitos de proyectos y cumplimiento normativo evita contingencias y facilita auditorías futuras. 

La incorporación de soluciones agrotech en el sector food exige inversiones orientadas a automatizar procesos, mejorar la trazabilidad y reducir el impacto energético de las operaciones. Estas mejoras suelen implicar actividades vinculadas a la innovación y al desarrollo tecnológico, lo que permite a muchas compañías acceder a deducciones fiscales específicas por I+D+i recogidas en el marco normativo estatal. 

A pesar de este potencial, parte del tejido agroalimentario sigue sin aprovechar estos incentivos por la dificultad de identificar qué desarrollos encajan en la definición oficial de innovación tecnológica o por la falta de recursos para documentar adecuadamente los proyectos. Conocer los requisitos y el alcance fiscal de estas deducciones es clave para reducir el coste real de la inversión y acelerar la adopción de tecnologías avanzadas en planta. 

 

El reto de la modernización tecnológica y operativa 

La adopción de soluciones agrotech y foodtech obliga a las empresas a abordar desarrollos técnicos que requieren validación en condiciones reales de producción. La implantación de modelos predictivos aplicados a cultivos, la automatización de procesos mediante sistemas robóticos o la optimización de técnicas de conservación demanda pruebas sucesivas para ajustar parámetros y garantizar su estabilidad operativa. 

Estas actuaciones rara vez se implementan sin incidencias: un prototipo validado en un entorno de prueba puede mostrar variaciones significativas al escalarse a una planta industrial o al integrarse con sistemas previos. Esta necesidad de resolver problemas técnicos complejos es precisamente lo que caracteriza a muchos proyectos como actividades de innovación tecnológica según la definición establecida en la normativa fiscal, y permite que una parte de estas inversiones pueda acogerse a deducciones específicas del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Áreas clave de innovación con potencial fiscal 

Para que una mejora técnica pueda acogerse a las deducciones previstas en la normativa fiscal, debe incorporar un avance verificable respecto a las soluciones empleadas por la propia empresa y requerir actividades destinadas a resolver incertidumbres técnicas. En el sector food, muchas de estas actuaciones se concentran en líneas de trabajo que combinan desarrollo experimental y mejora de procesos: 

• Biotecnología y seguridad alimentaria: incluye el desarrollo de ingredientes con propiedades funcionales, nuevas variantes de fermentos o sistemas de análisis rápido que permitan detectar microorganismos o contaminantes con mayor precisión. 

• Economía circular aplicada a subproductos: la valorización de residuos derivados de procesos alimentarios para la obtención de nuevos ingredientes o biomateriales requiere etapas de diseño, escalado y análisis de comportamiento que pueden considerarse innovación tecnológica siempre que exista una mejora demostrable sobre el proceso inicial. 

• Eficiencia hídrica y energética: la integración de sistemas de monitorización avanzada, control predictivo o tecnologías de optimización en etapas intensivas en recursos exige ajustar algoritmos, validar sensores y garantizar la estabilidad operativa en planta, actividades que suelen presentar un componente significativo de desarrollo técnico. 

 

Clasificación estratégica: I+D frente a Innovación Tecnológica (IT) en proyectos agrifood 

La correcta calificación es el punto donde la estrategia financiera se une con la técnica. La Investigación y Desarrollo (I+D) se aplica cuando existe una novedad objetiva o un descubrimiento científico. Por otro lado, la Innovación Tecnológica (IT) cubre la mayoría de las modernizaciones industriales que, aunque no sean una novedad mundial, sí representan un salto tecnológico para la empresa que las implementa. En entornos productivos donde conviven mejoras incrementales y desarrollos experimentales, distinguir entre ambas categorías es esencial para valorar el retorno fiscal disponible. 

En el ámbito agrifood, se consideran I+D proyectos como el diseño de ingredientes con propiedades bioactivas validadas en laboratorio, el desarrollo de microorganismos con funcionalidades específicas o la creación de tecnologías de procesado no existentes previamente en la empresa y que requieren ensayos experimentales complejos. Estas actividades pueden acceder a deducciones cuando se acredita la novedad objetiva. 

Dada la complejidad técnica y documental que exige esta clasificación, muchos proyectos agroalimentarios pueden perder potencial fiscal si no se identifican correctamente los elementos de novedad o las mejoras tecnológicas que justifican su encaje en cada categoría. Equipos como los de FI Group by EPSA aportan soporte en este punto, analizando el alcance técnico de las actuaciones y alineándolo con los criterios de la normativa para asegurar que la deducción fiscal aplicada refleje fielmente el contenido tecnológico del proyecto. 

Por su parte, la Innovación Tecnológica abarca una parte relevante de las actuaciones de modernización industrial del sector, como la integración de sistemas avanzados de inspección y control, el rediseño de procesos para mejorar la eficiencia energética o la implantación de soluciones digitales que optimizan parámetros de producción.  

 

Seguridad jurídica y optimización del retorno fiscal 

La correcta acreditación de las actividades de I+D+i es un factor determinante para asegurar la aplicación de las deducciones. En proyectos agrifood, donde conviven pruebas en laboratorio, escalados piloto y validaciones en planta, disponer de una documentación técnica coherente facilita la emisión del Informe Motivado Vinculante (IMV) por parte del Ministerio de Ciencia, que garantiza la validez fiscal de la deducción ante futuras comprobaciones. 

Además del refuerzo jurídico, estas deducciones permiten mejorar de forma directa el flujo de caja asociado a los proyectos tecnológicos. La recuperación de parte del coste invertido en automatización, digitalización o mejora de procesos reduce significativamente el periodo de retorno, especialmente en iniciativas con márgenes ajustados o ciclos de inversión prolongados. Este efecto convierte la fiscalidad de la I+D+i en un mecanismo que contribuye a sostener la modernización de la industria food, aliviando el impacto financiero inicial de cada proyecto. 

España está viviendo una revolución en la justicia extrajudicial. Desde el 3 de abril de 2025, la nueva Ley Orgánica 1/2025 obliga, en las jurisdicciones civil y mercantil, a intentar, antes de ir a juicio, un “Medio Adecuado de Solución de Controversias” (MASC).

 

¿En qué consiste un MASC?

Se trata de mecanismos destinados a resolver un conflicto sin necesidad de buscar la solución en un tribunal.

Ejemplos: los MASC pueden consistir en una mediación, conciliación, una oferta vinculante secreta, o en la aplicación del Derecho Colaborativo, por ejemplo.

Sus ventajas:  prometen ser más ágiles, flexibles y más baratos.

 

Novedades sobre el mecanismo

El MASC como “requisito previo”: con la reforma, para que una demanda se admita, salvo excepciones, habrá que acreditar el intento previo.

Las costas bajo lupa: si pruebas que tu rival rechazó el intento de MASC, eso cuenta a tu favor en las posibles costas.

Digital desde el inicio: plataformas interconectadas del Ministerio de Justicia ya permiten registrarlos telemáticamente.

 

El contencioso-administrativo, todavía en precampaña

En este terreno, los MASC aún caminan con muletas: la Ley excluye expresamente, de momento, las controversias con Administraciones Públicas.

No obstante, la Disposición Final 31ª obliga al Gobierno a presentar una Ley específica en dos años, para ampliar este mecanismo al ámbito contencioso-administrativo. De esta forma, se establece una transformación judicial.

 

El futuro del Medio Adecuado de Solución de Controversias

En abril 2027 llegará al Congreso un proyecto de ley que posibilite formalmente los MASC con la Administración.

Hasta entonces, algunas comunidades ya ensayan proyectos piloto de mediación intrajudicial, diseñados bajo la tutela del CGPJ. Canarias, Burgos, Valencia o Madrid son los pioneros.

De esta forma, la experiencia confirmará si este cambio supone una mejora real.

 

Conclusiones y preparación

España se está moviendo hacia una justicia más dialogante: menos juicios, más acuerdos. Por ahora, la realidad revela que aún queda recorrido y, en el contencioso-administrativo, toca esperar nueva regulación y prepararse.

Por eso, si diriges una empresa y quieres prepararte para la llegada de los MASC, a la jurisdicción contencioso-administrativa, no esperes más y contacta con un profesional de FI Group by EPSA. Te ofreceremos asesoramiento integral para preparar a tu empresa para el futuro.

 

Eduardo Lojo López

Abogado Fiscalidad Inmobiliaria

El 2026 marca un punto de inflexión en diferentes programas de financiación de la Unión Europea. Los Programas de Trabajo de 2025 ya promovían cuestiones importantes en materia de investigación, innovación, sostenibilidad y competitividad, pero las actualizaciones de este año dan un salto estratégico, haciendo mayor hincapié en la transformación sistémica, la simplificación, competitividad industrial y proyectos piloto en un entorno real. 

En base a los conocimientos de FI Group by EPSA en todas las áreas de Programa, destacamos las principales novedades de 2026, para comprender dónde están actualmente las oportunidades y dónde surgirán nuevas. 

 

El nuevo Programa de Trabajo de Horizonte Europa 

Horizonte Europa, un programa de los más relevantes de la UE para proyectos de investigación e innovación, introduce una serie de cambios estructurales significativos en 2026, avanzando hacia un marco más ágil y favorable a la innovación.  

El Programa de Trabajo 2026-2027 refuerza las convocatorias de carácter transversal que responden a desafíos comunes, al tiempo que adopta topics (temas) más breves y menos prescriptivos, diseñados para estimular ideas innovadoras. Asimismo, se reduce el número de topics, en particular los de un solo proyecto, lo que refleja un cambio estratégico hacia acciones más amplias e integradas.  

Por otro lado, las modalidades de financiación también evolucionan, con un uso más amplio del lump sum y las convocatorias en dos fases, junto con nuevos topics destinados, específicamente, a atraer a nuevos participantes, como las pymes. Para mejorar equidad y reducir los sesgos, algunas convocatorias también aplicarán evaluaciones anónimas. 

 

Novedades de los Clústeres de Horizonte Europa 

• Clúster 1 ‘Salud’: adopta un enfoque más integrado para reforzar la resiliencia sanitaria europea en 2026, con topics centrados en las enfermedades no transmisibles, amenazas para la salud relacionadas con el clima y el medio ambiente, preparación para pandemias y resistencia a los antimicrobianos. También impulsa la transformación del sistema sanitario hacia una mayor equidad, accesibilidad y sostenibilidad, al tiempo que acelera la digitalización mediante herramientas sanitarias digitales avanzadas e IA fiable, acorde con las directrices del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. 

• Clúster 2 ‘Cultura, creatividad y sociedad inclusiva’: más centrado en la resiliencia democrática, la participación ciudadana y la protección de unos medios de comunicación libres y plurales, al tiempo que examina cómo la digitalización y la IA están transformando la gobernanza. Por consiguiente, apoya la transición ecológica y digital inclusiva, replantea el patrimonio cultural y las industrias creativas en el contexto de los retos sociales y de sostenibilidad. Las ciencias sociales y las humanidades se movilizan de forma más directa para aportar conocimientos políticos basados en datos empíricos para las prioridades de la UE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Clúster 3 ‘Seguridad civil para la sociedad’: introduce más respuestas operativas a las amenazas de seguridad, incluidas herramientas ágiles para hacer frente a los daños digitales, como los deepfakes y la desinformación. La bioseguridad cobra importancia gracias a nuevos topics sobre el uso indebido de la biología sintética, mientras que el trabajo en materia de seguridad se orienta hacia las aplicaciones, abarcando la fiabilidad de la evaluación de la edad y la seguridad de las credenciales de viaje digitales. También reconoce el uso malintencionado de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) como una amenaza clave para la continuidad de las infraestructuras críticas. 

• Clúster 4 ‘Mundo digital, industria y espacio’: refuerza la soberanía industrial y digital de Europa mediante un enfoque de cartera y en consonancia con la Ley sobre la industria de cero emisiones netas y la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP). Profundiza la colaboración entre las principales Asociaciones Europeas (Partenariados) y hace hincapié en la normalización y la participación de expertos. Entre las prioridades destacan los avances en IA, sistemas soberanos de nube y datos, tecnologías cuánticas y fotónicas, y soluciones interoperables para el mundo virtual, mientras que la convocatoria del Pacto por una Industria Limpia consolida el liderazgo industrial y las materias primas críticas bajo un destino unificado. 

• Clúster 5 ‘Clima, energía y movilidad’: refuerza su posición en el centro de la transición ecológica y digital de Europa al consolidar sus topics en retos más amplios e integrados que abarcan el clima, la energía, la movilidad y las tecnologías digitales emergentes. Promueve soluciones sistémicas, vinculando el despliegue de las energías renovables, la movilidad con cero emisiones, las ciudades neutras en carbono y la optimización digital de las infraestructuras en convocatorias multidimensionales.  

• Clúster 6 ‘Alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente’: enfoque más allá de la investigación académica, ya que requiere demostraciones y un enfoque de «laboratorios vivientes» con varios agentes en el mundo real. También se beneficia de un aumento del presupuesto y del número de topics, con un mayor énfasis en la industria y la economía circular a través del Pacto por una Industria Limpia, la Iniciativa Ciudades y Regiones Circulares y la Ley de Economía Circular. 

 

EIC y Fondo Europeo de Defensa: motores del desarrollo tecnológico 

El Fondo Europeo de Defensa (FED) mantiene 31 topics en 2026 y un presupuesto similar de 1.000 millones de euros– una disminución respecto a los 1.100 millones de euros anteriores. Se estructura en torno a siete convocatorias temáticas de propuestas, tres convocatorias no temáticas, una acción centrada en las amenazas de los vehículos hipersónicos de planeo y dos acciones en apoyo a la Alianza de la UE para las contramedidas médicas de defensa. El programa refuerza la inversión en I+D colaborativa sobre capacidades de defensa importantes, apoya una variedad de tecnologías y capacidades críticas, y continúa ampliando el Esquema de Innovación en Defensa de la UE (EUDIS). 

Por otro lado, el Consejo Europeo de Innovación (EIC) introduce cambios clave para impulsar la flexibilidad y apoyar la innovación disruptiva, incluyendo el lanzamiento de los Retos Avanzados de Innovación (EIC Advanced Innovation Challenges), un límite máximo recomendado, más alto para los proyectos del EIC Pathfinder Open, y un proceso de evaluación mucho más ágil y rápido para el EIC Accelerator.  

Asimismo, EIC Transition amplía su elegibilidad a los proyectos de infraestructuras de investigación de Horizonte 2020 y del Pilar I de Horizonte Europa, mientras que EIC STEP Scale-Up introduce cuatro límites fijos y restringe a los solicitantes a tres presentaciones rechazadas. Además, se simplifican los criterios de evaluación en todos los programas. 

 

Oportunidades europeas: Misiones, WIDERA y Empresas Comunes 

Las Misiones de la UE avanzan hacia una innovación a gran escala y lista para su implementación en 2026, elevando la cartografía de hábitats y la vigilancia medioambiental como acciones emblemáticas para apoyar el Reglamento sobre la restauración de la naturaleza. El programa adopta un enfoque sistémico, «de la fuente al mar», para soluciones positivas para la naturaleza; introduce una red europea de centros de ensayo de tecnología oceánica y refuerza la innovación en materia de gobernanza mediante modelos de cogestión dirigidos por los pescadores. El Gemelo Digital del Océano (Digital Twin Ocean) también evoluciona hacia componentes regionales y de cuencas marítimas, lo que indica una fase más operativa. 

Ampliar  la participación y fortalecer el Espacio Europeo de Investigación (WIDERA) reintroduce los Excellence Hubs, lo que supone un nuevo impulso para conectar los ecosistemas de innovación regionales y apoyar la colaboración transfronteriza entre universidades, centros de investigación, empresas y autoridades. De cara a 2027, el regreso del EIC Pre‑Accelerator ofrecerá un apoyo estructurado a los innovadores en fase inicial, ayudándoles a madurar ideas de alto riesgo y a prepararse para los programas de financiación del EIC, más competitivos. 

Por otro lado, la Empresa Común para una Europa Circular de Base Biológica (CBE JU) refuerza su enfoque estratégico dando mayor importancia a los principios de «Seguridad y Sostenibilidad desde el Diseño» (SSbD). Esto significa que se espera que los solicitantes aborden la sostenibilidad de las materias primas, la toxicidad, las vías circulares al final de la vida útil y la trazabilidad en sus propuestas, alineando el sector de los productos de base biológica con los objetivos más amplios de sostenibilidad y estrategia química de la UE. 

La Empresa Común para la Iniciativa sobre Salud Innovadora (IHI JU) no presenta cambios estructurales importantes, aunque recupera los topics abiertos. Estos siguen promoviendo la innovación colaborativa e intersectorial en el ámbito de la salud, con un fuerte énfasis en las necesidades médicas no satisfechas, las estrategias de prevención, las herramientas y plataformas interoperables para la predicción, el diagnóstico y la gestión, así como la atención integrada centrada en la persona. La Iniciativa también profundiza su enfoque en la digitalización y el uso de datos secundarios a través del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS). 

 

Innovation Fund: el fondo europeo que acelera la transición energética 

Innovation Fund, uno de los programas de financiación más importantes del mundo para la demostración de tecnologías innovadoras con bajas emisiones de carbono, aportará un marco significativamente reforzado y más orientado estratégicamente.  

Su presupuesto total asciende a 2.900 millones de euros, de los cuales 1.200 millones se destinan a proyectos a gran escala, 300 millones a proyectos a mediana escala, 100 millones a proyectos a pequeña escala, 1.000 millones a la fabricación de tecnologías limpias y 300 millones a proyectos piloto. Se fomenta más la participación de las pymes mediante un nuevo incentivo, que otorga un punto de evaluación adicional a los proyectos coordinados y ejecutados por estas. 

También se han actualizado los criterios de evaluación: el concepto anterior de escalabilidad ha sido sustituido por el de replicabilidad, se ha duplicado la ponderación del liderazgo industrial para destacar la resiliencia en ámbitos como la independencia energética, la integración de la cadena de suministro y la solidez de la propiedad intelectual, y se han endurecido las expectativas en materia de intercambio de conocimientos.  

Finalmente, el cumplimiento de las normas medioambientales es ahora más estricto, con una aplicación más rigurosa del principio de «no causar daño significativo al medioambiente» (DNSH), que exige una evaluación más amplia en múltiples dimensiones medioambientales. 

 

Otros programas de financiación europea 

Innovación y despliegue temático 

En Eurostars, el panorama para 2026 trae varias novedades prácticas. En la actual convocatoria 10 de Eurostars-3, cuatro países (Chipre, Grecia, Israel y Rumanía) no disponen de financiación, mientras que la participación de Italia se limita al presupuesto de la agencia MUR. La cofinanciación nacional en España se mantiene estable, y el CDTI suele asignar entre 5 y 7 millones de euros por convocatoria para apoyar proyectos innovadores liderados por pymes. 

Por otro lado, el Programa LIFE entra en un año de consolidación para apoyar la transición de Europa hacia la sostenibilidad, la resiliencia y la mejora de la calidad medioambiental. La próxima convocatoria de propuestas se abrirá en 2026 en los cuatro subprogramas de LIFE: naturaleza y biodiversidad, economía circular y calidad de vida, mitigación y adaptación al cambio climático, y transición hacia una energía limpia. También amplía su ecosistema técnico mediante cuatro reuniones de plataformas especializadas sobre la aplicación de la normativa climática, cuestiones marinas, financiación para la restauración de la naturaleza y presentación de informes en virtud del Reglamento sobre la restauración de la naturaleza. 

El Programa Europa Digital (DEP) seguirá financiando proyectos orientados al despliegue en sus cinco pilares establecidos: supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad, competencias digitales avanzadas y amplio despliegue y uso de tecnologías digitales. Sigue apoyando los espacios de datos, las instalaciones de ensayo y experimentación de IA, los centros de capacidad en ciberseguridad, las infraestructuras de HPC, las academias de competencias digitales y los proyectos de digitalización del sector público. 

Y, la Iniciativa Urbana Europea (EUI), hace mayor hincapié en la inclusividad, dirigiéndose especialmente a las ciudades pequeñas y medianas y a las autoridades con experiencia limitada en la financiación de la UE. La iniciativa adopta una estructura financiera simplificada, que ofrece hasta 2 millones de euros por proyecto, con una cofinanciación del 80 % del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), junto con modelos de costes optimizados y una mayor flexibilidad entre los socios. 

 

Cohesión y cooperación 

Interreg continúa apoyando la cooperación transfronteriza en múltiples ámbitos. Algún programa Interreg pondrá en marcha convocatorias planificadas para 2026, centradas en la prevención del riesgo de incendios forestales y la resiliencia de la asistencia sanitaria relacionada con el envejecimiento en el suroeste de Europa (Sudoe), o en la Cooperación Transfronteriza en la Zona Pirenaica (POCTEFA), entre otras cuestiones. 

El Programa Erasmus+ introduce una novedad destacada a través de su convocatoria «Experimentación de políticas», que abre hasta diez nuevos topics destinados a poner a prueba innovaciones políticas a gran escala y con visión de futuro en los sistemas de educación y formación. Entre ellos, se presta especial atención al fortalecimiento de las asociaciones regionales de competencias, apoyando la cooperación entre los proveedores de educación, las autoridades regionales y la industria para hacer frente a las necesidades cambiantes del mercado laboral. 

Otro programa que lanzará convocatorias en 2026 es, entre otros, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero (RFCS) y el Nuevo Bauhaus Europeo (NEB). 

El equipo de ayudas europeas de FI Group by EPSA cuenta con expertos que pueden ofrecer orientación sobre los programas de financiación de la UE, así como prestar apoyo en la redacción de propuestas, la gestión de proyectos, la comunicación y difusión. ¡Ponte en contacto con nosotros! 

En el ámbito tributario, la notificación de los actos administrativos es mucho más que un simple trámite formal: es la garantía de que el contribuyente puede ejercer su derecho de defensa. Por ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina insisten en que la Administración debe extremar la diligencia antes de acudir a la notificación por edictos.

 

¿Por qué es tan relevante?

La notificación es el mecanismo que permite al contribuyente conocer las actuaciones de la Administración y, en su caso, impugnarlas. Si esta no se realiza correctamente, el contribuyente puede quedar en situación de indefensión, lo que puede llevar a la nulidad de actuaciones posteriores.

 

¿Cómo debe notificar la Administración?

La Administración tiene la obligación de notificar cualquier resolución o acto administrativo. Esta puede realizarse por medios electrónicos —obligatoria para los sujetos que deben relacionarse electrónicamente con la Administración— o por medios tradicionales, como el correo postal o presencial.

 

¿Cuándo puede la Administración recurrir a la notificación por edictos?

La notificación edictal (en el Boletín Oficial) es un recurso excepcional. Solo es válida cuando la Administración ha agotado todas las vías razonables para notificar personalmente al interesado. Esto implica:

• Intentar en el domicilio fiscal correcto, que debe estar debidamente acreditado en el expediente.
• Consultar el padrón municipal y otros registros oficiales si existen dudas sobre la dirección.
• Justificar en el expediente los intentos realizados y las razones por las que no fue posible la notificación personal.

 

¿Qué ocurre si la notificación es defectuosa?

Cuando la notificación no se realiza conforme a la normativa, ya sea por errores en el domicilio, falta de uso de medios electrónicos obligatorios, ausencia de intentos razonables de localización o cualquier otra irregularidad, la notificación puede considerarse nula. En estos casos, los tribunales suelen estimar los recursos interpuestos por los contribuyentes, ordenando retrotraer las actuaciones para garantizar el derecho de defensa.

 

¿Es tu caso?

 Si crees que es tu caso y consideras que te han notificado incorrectamente, es importante analizar el caso en profundidad para así recurrir y evitar que nuestro legítimo derecho de defensa se vea afectado.

Por ello, es esencial contar con un asesoramiento técnico y jurídico. Desde el Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria de FI Group contamos con un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia que puede asesorarte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

 

Carolina Fernández

Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria

Los nuevos modelos de financiación en energía transforman la forma de ejecutar proyectos: combinan subvenciones, subastas de ingresos y monetización de ahorros para que cada inversión tenga sentido y sea viable.

La clave está en diseñar una arquitectura financiera que convierta la innovación tecnológica en proyectos reales y rentables, evitando que queden paralizados por errores de planificación.

En este artículo, abordaremos las convocatorias prioritarias del sector energético, los CAEs y las oportunidades para que los proyectos de la industria sean realmente ejecutables.

 

Nuevos fondos para el despliegue y la fabricación

La hoja de ruta para este año se apoya en cuatro ventanas de financiación que buscan cubrir toda la cadena de valor energética, desde la generación hasta la industria auxiliar:

• Subasta de Hidrógeno Europea: con una dotación de 415 millones de euros para proyectos en España, este modelo de «pago por resultado» ofrece una prima fija por kilogramo producido durante 10 años, eliminando la incertidumbre del precio de venta para el productor.
• Fábricas de equipos de EERR: una línea de 750 millones de euros destinada específicamente a la construcción y equipamiento de plantas que fabriquen electrolizadores, turbinas o bombas de calor en suelo nacional.
• Renovables Innovadoras y Repotenciación: se destinan 202 millones de euros a tecnologías disruptivas (fotovoltaica flotante o marina) y a la actualización de parques eólicos y minihidráulicos antiguos para duplicar su potencia en el mismo emplazamiento.

• Repotenciación Circular: dotada con 292 millones de euros, está destinada a financiar proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, así como la implantación de sistemas térmicos renovables.

 

La inyección de liquidez mediante el sistema de CAEs

La mayor novedad en la arquitectura financiera actual es la capacidad de generar caja antes de lo previsto mediante los Certificados de Ahorro Energético (CAE). Mientras las convocatorias anteriores financian la inversión inicial, los CAEs permiten monetizar el ahorro generado en cuanto el proyecto entra en operación.

La monetización de estos certificados contribuye a optimizar la rentabilidad de la inversión, al reducir su coste neto en torno a un 20% y acelerar el retorno de capital en un contexto de elevados costes tecnológicos.

 

El blindaje del proyecto: trazabilidad y rigor en la justificación

El riesgo para el promotor energético reside en la fragmentación documental. Un error en la trazabilidad del hidrógeno renovable para la subasta europea o una medición de ahorros que no cumpla con el protocolo IPMVP anula el acceso a estos fondos. La administración ya no concede margen de error: o el proyecto es auditable según los estándares de la UE, o la financiación se detiene.

La anticipación en la definición de indicadores, la coherencia entre diseño técnico y esquema de ayudas, y la validación independiente de los cálculos son elementos que garantizan la elegibilidad del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. Frente a un entorno regulatorio cada vez más exigente, solo los proyectos concebidos desde el inicio con criterios de verificabilidad y cumplimiento normativo logran asegurar el acceso efectivo a la financiación pública.

España atraviesa un momento histórico en inversión en I+D+i. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 la inversión alcanzó los 23.931 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6,9% y un aumento acumulado del 60% desde 2018, muy por encima de la media europea. 

En este contexto, la innovación se consolida como un eje clave de competitividad empresarial. Sin embargo, muchas empresas siguen sin transformar todo ese esfuerzo innovador en retorno económico real, pese a contar con incentivos fiscales.

 

Sectores con mayor potencial de beneficio fiscal 

El impacto de las deducciones por I+D+i varía según el sector, la naturaleza de los proyectos y la intensidad en inversión en conocimiento o desarrollo de producto. Algunos de los ámbitos con mayor potencial son: 

• Tecnología y software:  desarrollo de plataformas, inteligencia artificial, big data, ciberseguridad, automatización de procesos o integración de sistemas avanzados. 

• Biotecnología y farmacéutico:  investigación de nuevos compuestos, ensayos clínicos, bioprocesos, mejora genética o automatización de procesos experimentales. 

• Industria y manufactura:  mejora de procesos productivos, desarrollo de maquinaria avanzada, optimización energética, robotización o digitalización de líneas de producción. 

• Energía y medioambiente:  energías renovables, optimización del consumo, tecnologías limpias, almacenamiento energético o eficiencia en redes de distribución.  

Identificar correctamente el encaje sectorial y tecnológico de cada proyecto es clave para maximizar la deducción.  Descarga nuestra guía para maximizar beneficios: deducciones fiscales por I+D+i y accede a la matriz completa con ejemplos de actividades y potencial de deducción por sector.

 

Claves para maximizar deducciones fiscales por I+D+i 

Maximizar el beneficio fiscal requiere activar varias palancas estratégicas que muchas empresas no aplican de forma conjunta. 

Aprovechar los regímenes territoriales y la estructura del grupo 

El marco territorial puede marcar una diferencia relevante en el retorno final. En regímenes especiales como País Vasco, Navarra o Canarias, las deducciones por I+D+i presentan condiciones más favorables que en el régimen común. En los territorios forales, las deducciones por I+D+i oscilan entre el 30% y el 50%, y la Innovación Tecnológica puede alcanzar hasta el 15%. En Canarias, el incentivo es aún mayor, con deducciones por I+D que pueden situarse entre el 45% y el 75,6%, y por Innovación Tecnológica de hasta el 45%. 

Analizar correctamente la ubicación de la actividad innovadora y la estructura societaria permite incrementar el beneficio sin modificar el alcance técnico del proyecto. 

Combinar deducciones con otras ayudas públicas 

Las deducciones fiscales por I+D+i son compatibles con otras líneas de financiación pública, siempre que no se supere el 100 % del gasto subvencionado. Esta compatibilidad permite diseñar una estrategia integral de financiación de la innovación. 

Entre los mecanismos más habituales se encuentran las ayudas autonómicas, nacionales o europeas, las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por personal investigador, el régimen de Patent Box, que incentiva la explotación de los resultados innovadores, y el Tax Lease, especialmente relevante en determinados sectores por su capacidad para estructurar fiscalmente inversiones complejas. Al actuar en distintas fases del ciclo innovador, su combinación permite maximizar el retorno económico del proyecto. 

Convertir la deducción en liquidez mediante la monetización 

La posibilidad de monetizar las deducciones permite transformar el incentivo fiscal en liquidez directa, incluso cuando la empresa no dispone de cuota suficiente en el Impuesto sobre Sociedades. Cumpliendo determinados requisitos, la Agencia Tributaria devuelve hasta el 80 % del importe de la deducción generada. 

Este mecanismo convierte la innovación en un activo financiero inmediato y resulta especialmente relevante para empresas intensivas en I+D, startups o compañías en fases de crecimiento. 

Reforzar la seguridad jurídica 

Maximizar el beneficio fiscal no solo implica aumentar el importe deducido, sino también reducir riesgos. La correcta acreditación de las actividades y los gastos, mediante instrumentos como el Informe Motivado Vinculante (IMV), los Acuerdos Previos de Valoración (APV) o las calificaciones forales refuerza la seguridad jurídica y protege a la empresa ante posibles revisiones por parte de la Administración.

 

Los 6 errores más comunes que limitan el beneficio fiscal 

A pesar de activar estas palancas, en la práctica muchas empresas no consiguen maximizar el incentivo debido a errores frecuentes en la gestión del proyecto. Las causas más frecuentes suelen ser: 

1. Falta de documentación detallada de los proyectos. 
2. Clasificar incorrectamente las actividades. 
3. Incluir gastos no elegibles. 
4. No disponer de un informe justificativo de un especialista u organismo público. 
5. Ignorar la normativa específica por sector o región. 
6. No contar con asesoramiento especializado. 

Estos errores no solo reducen el incentivo aplicable, sino que incrementan la exposición al riesgo fiscal. Desde FI Group by EPSA analizamos en este artículo cómo evitarlos, con ejemplos prácticos y recomendaciones clave.