La Comisión Europea ha puesto en marcha el nuevo enfoque estratégico europeo destinado a acelerar la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria y la ciencia.
Con estas medidas, Europa busca consolidarse como un líder global en IA fiable, reforzando su ecosistema de investigación, su infraestructura tecnológica y la capacidad de sus empresas para innovar en un entorno competitivo y cambiante.
El Joint Research Centre (JRC) lidera el esfuerzo por integrar la IA en todas las disciplinas científicas. El objetivo es que los investigadores puedan aprovecharla para analizar datos complejos, generar hipótesis innovadoras y acelerar descubrimientos, desde la biomedicina hasta la ingeniería.
Para ello, se desarrollarán infraestructuras compartidas, repositorios de datos abiertos y ecosistemas colaborativos denominados AI Factories, que faciliten la interoperabilidad y la reproducibilidad de los resultados para este nuevo enfoque estratégico europeo.
Asimismo, la Comisión refuerza la necesidad de contar con equipos multidisciplinares que combinen conocimiento en IA, ingeniería y dominio científico específico, asegurando que la tecnología potencie, y no sustituya, la capacidad humana.
Paralelamente, la Estrategia de IA en la industria define cómo las empresas y el sector público pueden incorporar estas tecnologías en sus procesos productivos y operativos. Desde la optimización de cadenas de suministro hasta la mejora de productos y servicios, la IA se convierte en un impulsor de eficiencia, innovación y competitividad.
La UE cuenta con una infraestructura de alto rendimiento y talento especializado que, junto con startups y centros de investigación, posiciona al continente de forma favorable para desplegar soluciones de IA escalables y fiables en sectores estratégicos.
Ambas estrategias forman parte del Plan de Acción “Continente de IA”, nuevo enfoque estratégico europeo, que combina inversión en infraestructura, desarrollo de talento y gobernanza confiable sobre 5 ejes fundamentales:
La Comisión Europea apuesta por un enfoque que no solo fomente la innovación, sino que también garantice transparencia, ética y confianza en el uso de la IA.
En este marco, FI Group contribuye al ecosistema europeo de innovación, asesorando a empresas en la obtención de financiación pública para proyectos estratégicos.
La presión fiscal sobre el sector inmobiliario ha convertido la optimización tributaria en una palanca clave para mejorar la rentabilidad de los proyectos. Sin embargo, existen incentivos que a menudo pasan desapercibidos: las bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Ambos tributos locales pueden representar un importante ahorro para las compañías del sector Real Estate, especialmente en un contexto de crecimiento sostenible y rehabilitación energética.
Las bonificaciones en el IBI y el ICIO se configuran como instrumentos fiscales al servicio del desarrollo urbano y la competitividad del sector inmobiliario. Aunque tradicionalmente se asocian a proyectos de eficiencia energética o energías renovables, su alcance va mucho más allá.
Dependiendo de la ordenanza municipal, pueden aplicarse también a actuaciones de rehabilitación o accesibilidad a:
Esta flexibilidad convierte a las bonificaciones en el IBI y el ICIO en herramientas con un alto potencial para impulsar la inversión, dinamizar el territorio y reforzar el compromiso social y medioambiental de las empresas del sector Real Estate.
Pese a su impacto potencial, muchas empresas del sector desconocen la existencia o los requisitos de acceso a estas bonificaciones. La falta de uniformidad normativa entre municipios y la complejidad administrativa dificultan su aprovechamiento. En consecuencia, gran parte de las entidades no integran esta fiscalidad local dentro de su estrategia de optimización económica.
Identificar correctamente los proyectos bonificables, conocer los plazos de solicitud y disponer de una gestión técnica adecuada puede marcar la diferencia entre asumir un coste o transformarlo en un ahorro significativo.
En un entorno marcado por la eficiencia y la sostenibilidad, incorporar la fiscalidad local en la planificación financiera del Real Estate se vuelve esencial. Las bonificaciones en el IBI y el ICIO no solo reducen el coste tributario, sino que también refuerzan el compromiso medioambiental de las empresas ante inversores, administraciones y sociedad.
Desde FI Group, ayudamos a las compañías del sector a detectar, gestionar y maximizar los incentivos fiscales disponibles, integrando esta fiscalidad olvidada en una estrategia global de rentabilidad y sostenibilidad.
Los roadmaps de financiación pública son clave para impulsar la competitividad y la innovación. Por lo que acceder a la financiación adecuada puede marcar la diferencia entre impulsar una oportunidad o dejarla pasar. Sin embargo, muchas empresas siguen abordando las ayudas de manera reactiva, identificándolas cuando ya es tarde para preparar una propuesta sólida.
Desde FI Group, creemos que la clave no está solo en conocer las convocatorias, sino en planificar estratégicamente el acceso a ellas. Ahí es donde los roadmaps de financiación pública se convierten en una herramienta esencial.
Los roadmaps de financiación pública son una hoja de ruta personalizada que permite a las organizaciones anticipar, priorizar y planificar las oportunidades de financiación más alineadas con su estrategia.
No se trata únicamente de listar ayudas disponibles, sino de conectar los objetivos del cliente con los instrumentos públicos que mejor los pueden impulsar.
En FI Group, elaboramos roadmaps, integrando tres elementos clave:
El proceso de elaboración de los roadmaps combina análisis estratégico y conocimiento técnico del ecosistema de ayudas. Para ello, seguimos un proceso estructurado en cuatro fases principales:
El resultado es un documento vivo, adaptable, que guía las decisiones de inversión y posicionamiento de la organización en materia de financiación pública.
Contar con un roadmap de financiación pública aporta claridad, previsión y ventaja competitiva. Entre sus principales beneficios destacan:
En España, algunas comunidades autónomas disponen de ayudas conocidas como incentivos regionales, gestionadas de manera centralizada por el Ministerio de Hacienda con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, en ocasiones, cofinanciadas por fondos europeos.
Estos incentivos regionales contribuyen a equilibrar el desarrollo económico de todo el territorio y a generar empleo en actividades estratégicas. Y se estructuran en dos categorías, las Zonas A, que cuentan con una mayor intensidad de apoyo y las Zonas C, que ofrecen porcentajes de ayudas más reducidos.
En este artículo analizamos las oportunidades que ofrecen las distintas regiones, resaltando los sectores con mayor potencial y compartiendo ejemplos prácticos de cómo las empresas pueden aprovechar al máximo estos incentivos.
En todas estas regiones existen altas intensidades de ayuda, lo que supone un gran atractivo para la inversión. Además, si bien en la convocatoria de incentivos regionales no es elegible el sector energético, estas regiones presentan un enorme potencial para el desarrollo de energías limpias, gracias a sus excepcionales recursos renovables. Lo que constituye una ventaja estratégica para la atracción de inversiones industriales intensivas en consumo energético, que si pueden optar a estos incentivos.
En Andalucía, los incentivos regionales ponen el foco en sectores clave para la economía local, como la agroindustria, la industria transformadora, el turismo y la industria aeroespacial. Estas ayudas, con una mayor intensidad en provincias como Almería, Córdoba y Cádiz, buscan potenciar que empresas dedicadas a la producción alimentaria, fábricas de manufactura avanzada, establecimientos turísticos o compañías del sector aeroespacial, puedan modernizar procesos, incorporar la digitalización, ampliar instalaciones o mejorar la experiencia de los visitantes. Además, desde la última modificación de la normativa que regula estas ayudas, se incluye el sector de la construcción naval como elegible en los incentivos regionales, siendo un sector de enorme potencial en Andalucía.
Castilla-La Mancha y Murcia destacan por su potencial agroalimentario e industrial. Por lo que las empresas pueden aprovechar estos incentivos regionales para mejorar su competitividad con proyectos de transformación digital en plantas de producción, automatización de procesos o ampliación de fábricas, además de impulsar la modernización de hoteles y alojamientos rurales para dinamizar el turismo local. Por último, sectores como la logística y los data centers cuentan con un papel creciente en el desarrollo regional, siendo áreas estratégicas para captar inversión y modernizar la economía local.
Extremadura, con su fuerte tradición agroalimentaria y su creciente apuesta por la innovación tecnológica, ofrece oportunidades para modernizar industrias de transformación y fábricas, apoyando inversiones en trazabilidad, digitalización de procesos y ampliación de la capacidad productiva. Además, existen oportunidades en el turismo rural, favoreciendo proyectos que generen empleo en zonas menos pobladas. Por último, en el marco del Plan de Dinamización de Extremadura, se valoran excepcionalmente proyectos vinculados a la construcción y residencias geriátricas, siempre que generen al menos 10 empleos y contribuyan al desarrollo económico de zonas prioritarias.
Canarias, es una de las comunidades con mayor intensidad de apoyo y sus incentivos se orientan a hoteles, turismo sostenible y actividades de servicios que generen empleo. En el ámbito turístico, se valoran excepcionalmente proyectos de apartamentos, bungalows, villas y apartoteles que mejoren la calidad y categoría del alojamiento sin ampliar la oferta. Siempre que cumplan criterios como la unidad de explotación, la antigüedad del establecimiento y la creación de servicios complementarios, contribuyendo así a la dinamización del sector y a atraer grandes inversores.
Además, Canarias cuenta con un sector agroindustrial bastante relevante, lo que abre la puerta a empresas que quieran aprovechar los incentivos regionales en actividades productivas más allá del turismo.
En estas regiones las intensidades de ayuda son algo más moderadas, no obstante, en muchas ocasiones los incentivos regionales son las únicas ayudas destinadas a incentivar la inversión disponible y conviene tenerlos en cuenta como motor del desarrollo de actividad industrial o turística.
En Galicia, destacan sectores como la industria naval, la logística portuaria y la biotecnología. Por lo que los incentivos pueden aplicarse en proyectos de modernización de astilleros, automatización de procesos y mejoras logísticas que refuercen la competitividad global.
Asturias y Cantabria, destacan por su sólida tradición industrial, y sus incentivos apoyan proyectos en manufactura avanzada, industria transformadora y logística. Por lo que las empresas pueden beneficiarse al implementar tecnologías que optimicen procesos productivos, digitalicen fábricas y refuercen cadenas logísticas regionales.
La Comunidad Valenciana combina tradición industrial e innovación, destacando en sectores como la agroindustria, la cerámica y el turismo. Por lo que los incentivos regionales priorizan empresas que digitalicen su trazabilidad, fábricas que incorporen automatización o alojamientos que apuesten por experiencias turísticas sostenibles. Además, en las localidades afectadas por la DANA de octubre de 2024, los proyectos calificados favorablemente podrán beneficiarse de una bonificación adicional de cinco puntos porcentuales sobre el porcentaje de ayuda, como medida extraordinaria para impulsar la inversión y la recuperación económica en estas zonas.
La Rioja, ofrece oportunidades para que las empresas modernicen sus procesos productivos, incorporen trazabilidad digital y aumenten el valor añadido de sus productos. Por otro lado, también existen apoyos en la agroindustria en general y en el turismo rural.
En las Islas Baleares, los incentivos están orientados principalmente en el sector turístico y hotelero, fomentando proyectos que modernicen instalaciones y mejoren la eficiencia operativa. Además de ofrecer oportunidades en digitalización de servicios y logística asociada al turismo.
Por último, en Castilla y León y Aragón, los sectores prioritarios incluyen la agroindustria, la automoción y la manufactura avanzada. En estas regiones los incentivos regionales facilitan la implantación de nuevas fábricas, la ampliación de líneas productivas y la digitalización de procesos. Además, se fomenta el turismo rural y la inversión en proyectos logísticos que dinamicen el territorio, con especial intensidad en provincias como Salamanca, Ávila y Teruel.
La Comunidad de Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco, así como el municipio concreto de Zaragoza, no están incluidos de forma general en los incentivos regionales. Sin embargo, existen municipios específicos dentro de estas comunidades que sí podrían llegar a ser elegibles según el mapa de ayudas regionales, sobre todo aquellos con menor desarrollo económico o que cumplan criterios de especial interés para equilibrar el desarrollo del territorio.
No obstante, estas regiones cuentan con otros programas de apoyo empresarial que pueden complementar la financiación de proyectos estratégicos en sectores prioritarios como la industria transformadora, la automoción, la biotecnología, la logística, el turismo, las TIC y la digitalización de servicios.
Más allá de cumplir con los requisitos administrativos, captar financiación pública requiere contar con un plan de gobernanza sólido. Mario Jáñez, Strategic Consulting Specialist en FI Group, nos comparte su visión sobre cómo estructurarlo para generar impacto en la estrategia de crecimiento e innovación de tu empresa.
Desde mi experiencia, un plan de gobernanza no es simplemente un conjunto de procedimientos internos, sino un marco estratégico y operativo que define como una organización se prepara, coordina y gestiona la financiación pública. Su finalidad no es únicamente tramitar ayudas, sino construir una estructura clara que permita identificar las convocatorias adecuadas, alinear a los distintos equipos implicados y garantizar que los fondos se utilicen de forma eficiente y conforme a la normativa. En este sentido, se puede comparar con el “sistema nervioso” de la empresa, porque conecta la estrategia de innovación con los mecanismos de financiación disponibles.
Para que un plan de gobernanza sea realmente eficaz debe integrar, al menos, cuatro elementos:
Uno de los errores más habituales es entender el plan de gobernanza como un simple documento creado para “cumplir con el expediente”, en lugar de verlo como una herramienta viva que debe implementarse en la práctica diaria, ya que cuando esto ocurre, el modelo pierde su verdadero valor estratégico.
Otro fallo frecuente es que muchas empresas olvidan involucrar desde el inicio a las áreas financieras y de control, desencadenando un problema crítico durante la fase de justificación, donde la trazabilidad de los gastos y el rigor en la gestión son imprescindibles para evitar riesgos de incumplimiento.
Cada convocatoria presenta particularidades que requieren un enfoque distinto, ya sea por el nivel de madurez tecnológico, el tipo de partenariado requerido o las condiciones de elegibilidad. Por ello, considero fundamental contar con un modelo de gobernanza flexible, capaz de ajustarse a distintos contextos y evitar respuestas improvisadas que suelen retrasar la preparación de propuestas y, en muchos casos, la pérdida de oportunidades.
Por ejemplo, en convocatorias europeas con consorcios internacionales, la prioridad recae en coordinar a los socios y en gestionar adecuadamente toda la documentación. En cambio, en programas regionales de inversión, el factor crítico suele ser la rapidez y la capacidad de reacción interna para preparar la documentación en plazos muy ajustados.
Por este motivo, la clave está en diseñar un modelo base robusto que sirva como estructura central, pero que incorpore la flexibilidad necesaria para adaptarse a las particularidades de cada convocatoria y sector, garantizando así eficiencia, cumplimiento y alineación con los objetivos estratégicos de la empresa.
En FI Group acompañamos a las organizaciones a lo largo de todo el ciclo de la financiación pública. Además, aportamos la experiencia acumulada de trabajar con múltiples sectores y convocatorias, lo que nos permite diseñar modelos de gobernanza adaptados a la realidad y necesidades de cada cliente. Nuestro rol no es solo técnico, sino también estratégico, ya que ayudamos a anticipar tendencias, a alinear los proyectos con los objetivos de la compañía y a maximizar la captación de fondos disponibles. Por último, aportamos la tranquilidad de contar con especialistas que conocen en profundidad tanto la normativa como las mejores prácticas de gestión, reduciendo riesgos y garantizando resultados.
Impulsando el cambio desde lo digital, la digitalización se ha consolidado como uno de los pilares estratégicos para la transformación de las empresas en Europa. Saioa Maritxalar, nuestra Head of Digital & Media, expone las claves del futuro de la transformación digital y el papel clave de FI Group como socio estratégico para el desarrollo y crecimiento de las empresas.
Efectivamente, la transformación digital ha avanzado a gran velocidad en los últimos años, pero sin duda nos encontramos en el momento de mayor expansión de la era digital debido a la irrupción de la inteligencia artificial generativa.
No se trata únicamente de automatización, producción y eficiencia; hablamos de una nueva forma de pensar, de crear y de decidir, y este, sin duda, es el nuevo reto de las empresas para el futuro.
Para adaptarse, deberán invertir en talento digital, fomentar una cultura de innovación abierta y, sobre todo, entender que la IA no es solo una herramienta, sino un nuevo lenguaje que hay que aprender a gestionar. La clave está en combinar visión estratégica con experimentación ágil, y en saber traducir el potencial tecnológico en valor real para los clientes y para la sociedad en general, impulsando el cambio desde lo digital.
La transformación digital fue uno de los cuatro ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que diseñó el Gobierno de España para canalizar de los fondos NextGenerationEU. Aunque el inicio presentó ciertos retos, se logró una implementación eficaz y, aun estando lejos de los objetivos ambiciosos que se fijaron; finalmente, la financiación está llegando a las empresas.
Sin ir más lejos, desde FI Group, este mes de septiembre, estamos presentando proyectos de Inteligencia Artificial para la convocatoria RedIA. Asimismo, también está abierta la segunda convocatoria del PERTE CHIP para el impulso de la cadena de valor de la microelectrónica y de los semiconductores.
Adicionalmente, la Comisión Europea y los Estados miembros también están impulsando el cambio desde lo digital, a través de diversas convocatorias europeas y de los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI). En este último caso, se ha establecido en estos grupos de trabajo que, tres de los cuatro próximos IPCEIs, sean de tecnologías digitales (IA federada y distribuida, Semiconductores y Edge-Computing).
No obstante, no todas ellas están fácilmente al alcance porque requieren de un gran compromiso por parte las empresas, pero con el acompañamiento adecuado, las oportunidades que van emergiendo pueden materializarse.
FI Group no es solo una empresa de consultoría de gestión de la financiación o tramitación de ayudas. Desde su nacimiento, y especialmente en los últimos años, FI Group se ha consolidado como un partner estratégico que acompaña a todas aquellas empresas que quieran desarrollarse y seguir creciendo en todo el ciclo de la vida de los proyectos, desde la idea inicial hasta la justificación final.
Gracias al expertise técnico y jurídico de sus equipos, formamos parte del equipo de proyecto de la empresa, asesorando técnicamente su enfoque y garantizando el encaje jurídico en todos los incentivos que trabajan.
Por otro lado, disponemos de una metodología innovadora y propia, que implementamos con herramientas digitales desarrolladas exclusivamente para tal fin, dando un servicio único en el sector.
La principal barrera con la que se siguen encontrando las empresas es la ausencia de una voluntad real de los organismos para ayudar en los procesos de innovación y transformación.
En primer lugar, se encuentran las dificultades burocráticas a las que se deben hacer frente para obtener los fondos que les ayuden, parcialmente, para poder invertir en impulsar el cambio desde lo dgital (mucha documentación, muchos requisitos que cumplir, etc.).
Y, en segundo lugar, los impedimentos de la propia administración antes y después de la tramitación, que, lejos de impulsar a las empresas a la aplicación de los incentivos, los alejan con interpretaciones restrictivas de la legislación que deniegan las ayudas e incentivos a los que han aplicado.
De esta forma, nos encontramos con las deducciones fiscales por innovación tecnológica y con las bonificaciones a la Seguridad Social por personal investigador que, en los últimos años, están sufriendo una serie de contratiempos importantes que desincentivan su uso por parte de las empresas.
Por lo tanto, es imprescindible que los organismos tengan una línea de actuación unificada, que alineen sus interpretaciones y transmitan una directriz única.
El crecimiento exponencial de la Inteligencia Artificial ha sido de tal envergadura, que no hay un sector concreto que haya decidido desarrollar una política de transformación digital y la onda expansiva se ha dirigido a todo el tejido empresarial. Todos los sectores han visto del impacto en la productividad que pueden generar estas soluciones y todas ellas están invirtiendo, en la medida de lo posible, en las mismas.
Concretamente, sabemos que el sector salud es uno de los más relevantes para el avance de una economía y una sociedad, y podríamos decir que las soluciones de e-health están teniendo un papel muy relevante, de liderazgo claro. También las empresas energéticas y las relacionadas con la defensa están impulsando el cambio desde lo digital en sus procesos y compañías.
La gestión financiera es una de las tareas más complejas para los beneficiarios de proyectos europeos, ya que implica regulaciones estrictas, documentación detallada y altas expectativas de transparencia y trazabilidad. Como resultado, muchos proyectos corren el riesgo de sufrir reducciones en la financiación debido a un débil control presupuestario y errores en la justificación de los costes.
La financiación de la Unión Europea puede cubrir diferentes tipos de costes, dependiendo del programa o convocatoria específica. Los más habituales son:
Entre los distintos modelos de financiación disponibles, el modelo de coste real es el más exigente en términos de documentación, trazabilidad y cumplimiento. Sin embargo, sigue siendo uno de los más utilizados en ciertos programas, por lo que es esencial que los gestores de proyectos y los responsables financieros lo dominen.
El modelo de coste real reembolsa a los beneficiarios en función de los gastos reales, incurridos y elegibles. Esto significa que solo se aceptarán los gastos que cumplan criterios estrictos. Por lo tanto, este modelo exige un alto nivel de disciplina financiera, coordinación interna y control.
La elegibilidad es la base de la justificación de costes. Para determinar si un coste es elegible para ser subvencionado, pregúntate lo siguiente:
Estos son algunos problemas frecuentes que conviene evitar:
Mientras que el modelo de coste real es el que requiere un mayor nivel de detalle, existen otros modelos que ofrecen alternativas más sencillas, aunque también presentan desafíos:
Las auditorías tienen como objetivo garantizar que los fondos de la Unión Europea se utilicen de forma correcta, transparente y conforme al Acuerdo de Subvención. Estas auditorías pueden ser financieras, técnicas o ambas, y pueden realizarse durante el proyecto o hasta dos años después del pago final.
Cuando se supera un determinado umbral de subvención o gasto, las auditorías financieras son obligatorias. Además, pueden realizarse auditorías financieras y/o técnicas por selección aleatoria, controles sistémicos o investigaciones antifraude.
Por este motivo, para estar preparado ante una posible auditoría:
El equipo de ayudas europeas en FI Group cuenta con expertos en gestión financiera, justificación y auditoría de proyectos financiados por la UE, así como en redacción de propuestas y en comunicación y diseminación. ¡Contáctanos para darte soporte!
Este artículo tiene carácter informativo y se ha adaptado al marco regulatorio de Horizonte Europa. No obstante, algunos programas y convocatorias pueden tener sus propias reglas y requisitos, que siempre deben consultarse.
El último trimestre del año supone un momento decisivo para los propietarios de inmuebles en Madrid y otros municipios, ya que coincide con la liquidación conjunta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la aplicación, por primera vez, de la nueva tasa de residuos urbanos. Estos cambios generan un impacto económico directo para particulares y empresas, pero también abren la puerta a oportunidades fiscales que conviene revisar.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una cuarta bajada del tipo general del IBI, que pasa del 0,442 % al 0,428 %, situando a la ciudad entre las capitales con el tipo más bajo de España. Esta medida beneficia a más de 2,2 millones de recibos, incluyendo viviendas, locales comerciales, oficinas e inmuebles industriales.
Sin embargo, esta bajada viene acompañada de la implantación de la nueva tasa de residuos, que compensará parcialmente el ahorro generado por el IBI.
La Tasa de Gestión de Residuos (TGR) responde a la obligación legal impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que exige a los ayuntamientos cubrir el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos. En la mayoría de los municipios el cálculo del importe de la tasa se determina en función del valor catastral, la cantidad de residuos generados y el nivel de reciclaje del barrio en el que se ubica la propiedad.
Las primeras previsiones permiten hacerse una idea del coste que supondrá la nueva tasa para los diferentes tipos de inmuebles:
Los recibos ya están siendo emitidos y deberán abonarse en un plazo de dos meses desde el inicio del plazo voluntario (en Madrid concretamente finaliza el 1 de diciembre), y ya de cara al 2026, la normativa prevé nuevas facilidades, ya que se permitirá la domiciliación y fraccionamiento de la tasa, del mismo modo que ya ocurre con el IBI.
Aunque el recibo se emita a nombre del propietario, tanto el IBI como la tasa de residuos pueden repercutirse al inquilino si así se establece en el contrato de arrendamiento. No obstante, el sujeto pasivo sigue siendo el propietario, por lo que, en última instancia, lo determinante será lo pactado entre el arrendador y el arrendatario para definir quién asume el pago.
Sí. Tanto el IBI como la nueva tasa de residuos pueden ser objeto de revisión, especialmente esta última, ya que es el primer ejercicio en el que se liquida conforme a la nueva normativa estatal. Esto implica que:
Por lo que es fundamental actuar dentro del plazo legal, ya que una vez vencido, se pierde la oportunidad de corregir errores o solicitar devoluciones. Además, al tratarse del primer ejercicio de aplicación de la tasa, resulta especialmente importante para detectar posibles inconsistencias y sentar precedentes que puedan beneficiar a los contribuyentes en ejercicios futuros.